BUENOS AIRES.- La relación del gobierno de Mauricio Macri con la Iglesia estuvo marcada durante su primer año de gestión por el encauzamiento de la relación con el papa Francisco y, en el plano local, por un acompañamiento cercano y de contención de la situación social por parte del Episcopado y, particularmente, de la Pastoral Social, que actuaron como virtuales garantes en el diálogo que el gobierno afianzó con las organizaciones sociales.

El año empezó con el pie izquierdo en la relación gobierno-Iglesia con la fría y protocolar audiencia del 22 de febrero entre Macri y el papa Jorge Bergoglio en el Vaticano, que duró apenas 22 minutos en el Palacio Apostólico y quedó signada por el gesto adusto del pontífice, retratado en las fotos que circularon del encuentro.

Otros cortocircuitos y desencuentros que agregaron tensión en la relación fueron el envío -a mediados de febrero- de un rosario papal a la detenida dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala; el entredicho generado por el rechazo por parte del Papa a una millonaria donación destinada a la fundación pontificia Scholas Ocurrentes; y el recibimiento en el Vaticano de dirigentes ligados al kirchnerismo como la titular de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, entre otras situaciones.

En los meses siguientes, gracias a las discretas y efectivas gestiones de la Secretaría de Culto, la relación se hizo más aceitada y comenzaron a llegar desde Roma las primeras señales de distensión, aunque nunca se cortó la comunicación más personal del pontífice con funcionarios de gobierno de Macri que viajaron al Vaticano, como la canciller Susana Malcorra, o los ministros Jorge Triaca o Esteban Bullrich.

Una de las más claras señales fue el videomensaje que Francisco envió a la Argentina a principios de octubre, en el que ratificó que no podrá visitar el país tampoco en el 2017 por compromisos ya asumidos, y pidió a los argentinos que se pusieran “la Patria al hombro” y trabajaran para crear la “cultura del encuentro”.

El mensaje, que se leyó desde el gobierno como una buena y tranquilizadora señal, fue difundido unas semanas antes de la segunda cumbre Macri-Francisco, que se concretó el 15 de octubre, y despejó el camino a que una negativa de Francisco a visitar el país se leyera como un desplante al gobierno de Macri.

Para esa segunda cumbre, el gobierno cuidó los detalles puntillosamente y la transformó en un encuentro más informal y distendido que el primero, al que Macri llevó parte de su familia ensamblada, y que coincidió con la ceremonia de canonización del cura Brochero, el primer santo que vivió y murió en Argentina, para la que viajaron miles de peregrinos argentinos a Roma. En el plano local, el propio presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Jose María Arancedo, definió la relación con el gobierno del presidente Macri como “madura y positiva” en el marco de la “autonomía, cercanía y cooperación” que los une.

La Iglesia vio como positivo que la gestión de Macri sincerara las cifras de pobreza, que el Indec ubicó en el 32, 2 por ciento, lo que ratificó los números sobre los que el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) venía advirtiendo desde hacía tiempo y que el kirchnerismo descalificaba como método de medición.

También hubo múltiples reuniones formales de ministros del gabinete nacional con la cúpula del Episcopado en la sede del barrio de Retiro, para compartirles detalles de la marcha de la gestión y los planes previstos; así como contactos informales y más reservados con el rector de la UCA, Víctor Manuel Fernández -una de las voces más cercanas a Francisco en el país- quien visitó en varias oportunidades la Casa Rosada.

Ante el deterioro de la situación social y en la búsqueda de transcurrir un fin de año en paz y sin sobresaltos, la Iglesia se sumó a los intentos para apaciguar los ánimos y exhortó a crear ámbitos de diálogo, amplificando la propuesta de Francisco de trabajar insistentemente para crear la “cultura del encuentro” en el país.

En este marco, el gobierno intentó sentar a representantes de la Iglesia en la mesa del Diálogo por el Trabajo y la Producción -que fue convocada por decreto justo un día antes de la cumbre Macri-Francisco- de la que participan la CGT y los empresarios.

Desde la cúpula del Episcopado celebraron la iniciativa, se excusaron de participar activamente en la mesa pero sí enviaron un mensaje de apoyo desde Roma -donde se encontraban por la canonización del cura Brochero- en el que valoraron la convocatoria y llamaron a la “responsabilidad” de la clase dirigente para “generar fuentes de trabajo”.

No obstante, un ámbito en el que la Iglesia sí tuvo participación activa fue en la mesa de diálogo social convocada por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, con las organizaciones sociales como el movimiento Barrios de Pie, la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), de fluida relación con el papa Francisco, con quienes se acordó un proyecto consensuado de emergencia social. La activa participación de la Iglesia en esas reuniones corrió por cuenta de los obispos, sacerdotes y laicos que integran la estratégica comisión episcopal de Pastoral Social, que encabeza monseñor Jorge Lozano, recientemente designado por el papa Francisco como arzobispo coadjuntor de San Juan.

La propia Stanley -de diálogo aceitado con la Iglesia- fue quien solicitó la participación de la Pastoral Social y, tras el acuerdo alcanzado con las organizaciones sociales, agradeció y destacó el rol que había jugado la Iglesia en esos encuentros al “brindar un ámbito donde todos nos sentimos contenidos, que fue importante para generar confianza” en las conversaciones, según dijo la funcionaria.

En los últimos días, monseñor Lozano devolvió gentilezas al gobierno, al destacar la predisposición de los ministros de Macri para negociar con las organizaciones populares, remarcando a los funcionarios que tienen los “pies en la calle” como Stanley, pero volvió a instalar la principal preocupación de la Iglesia, que es la creación de “trabajo digno” para superar un “problema estructural” de la Argentina como es la pobreza.

Un último gesto que pasó inadvertido pero que marca la buena relación y dio por superado el entredicho con Scholas fue una reunión del Consejo Federal de Educación que se desarrolló días atrás en Bariloche, donde el ministro Esteban Bullrich y el presidente de la fundación pontificia, José María del Corral, terminaron emocionados tras escuchar a adolescentes que expusieron sus problemáticas.

En otro gesto de acercamiento, el gobierno adoptó como propio un pedido concreto que había hecho la Iglesia en noviembre y declaró por decreto la emergencia nacional en adicciones, anunciada en un acto en la residencia de Olivos, al que fueron convocados los curas que trabajan en las villas de emergencia.

La medida fue anunciada días después de que el papa Francisco dijera en el Vaticano, en el marco de un encuentro internacional de debate sobre narcóticos, que Argentina pasó de ser “país de tránsito de drogas” a uno de “consumo y algo de producción” y llamara a combatir el narcotráfico con “prevención, plena y segura rehabilitación de sus víctimas”.

Pero 2016 no terminó y aún se esperan más gestos de conciliación para coronar un año que no comenzó de la mejor manera.

Una visita de la cúpula episcopal a Macri para llevarle sus saludos navideños y una probable comunicación telefónica entre el mandatario y Francisco con motivo de los 80 años que cumple el 17 de diciembre terminarán de demostrar que la Iglesia es un aliado importante para el gobierno de Cambiemos.

También antes de que concluya el año se espera el lanzamiento de la edición local del diario oficial del Vaticano “L’Osservatore Romano”, que buscará que la voz de Francisco llegue “completa” al país y neutralice las polémicas originadas por los autoproclamados voceros papales en Argentina. (Télam)